El contexto normativo actual
Chile ha avanzado de manera sostenida en la modernización de su marco regulatorio para empresas tecnológicas y de rápido crecimiento. La combinación de la Ley de Transformación Digital, la nueva Ley de Protección de Datos Personales (en proceso de promulgación), la Ley Karin y los ajustes al Código del Trabajo han creado un entorno más exigente pero también más predecible para quienes operan con formalidad jurídica.
El problema central es que la mayoría de las startups priorizan el desarrollo de producto y la tracción comercial por sobre la estructura legal. Esto es comprensible en etapas tempranas, pero se convierte en un riesgo real cuando la empresa escala, incorpora socios o busca financiamiento.
"Las contingencias legales no resueltas no desaparecen con el tiempo: se acumulan y se vuelven más costosas de resolver a medida que la empresa crece."
Las áreas de mayor riesgo para startups en 2024
1. Estructura societaria y pacto de socios
La forma más común de constituir una startup en Chile es la SpA (Sociedad por Acciones). Es flexible, permite emitir distintas series de acciones y se adapta bien a rondas de inversión. Sin embargo, el error más frecuente es constituirla sin un pacto de accionistas robusto que regule los derechos de los fundadores, los mecanismos de salida y los conflictos entre socios.
En ausencia de un pacto, se aplican las reglas generales de la ley, que muchas veces no reflejan lo que las partes habrían acordado si hubieran discutido el punto con antelación. Las disputas entre cofundadores son una de las causas más comunes de cierre de startups en etapa temprana.
Establecer cláusulas de vesting para fundadores desde el inicio
Definir drag-along y tag-along para procesos de venta
Regular el derecho de preferencia ante nuevas emisiones
Establecer quórums especiales para decisiones estratégicas
2. Propiedad intelectual y confidencialidad
En Chile, la propiedad intelectual sobre el software se rige principalmente por la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Sin embargo, la protección efectiva requiere que los contratos con desarrolladores, empleados y colaboradores establezcan de manera explícita la cesión de derechos sobre el código y los desarrollos realizados.
Es frecuente que startups descubran al momento de una due diligence que parte del código base fue desarrollado por terceros sin que se haya formalizado la cesión de derechos. Esto puede bloquear una ronda de inversión o una adquisición.
3. Protección de datos y plataformas digitales
La Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos Personales está siendo reemplazada por una legislación más moderna que incorpora estándares similares al GDPR europeo. Las plataformas digitales que recopilan datos de usuarios chilenos deben anticipar este cambio y adaptar sus políticas de privacidad, términos de uso y mecanismos de consentimiento.
Las startups de salud, educación y fintech tienen obligaciones adicionales dada la sensibilidad de los datos que tratan. El incumplimiento puede derivar en sanciones del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) o del futuro regulador de datos.
Financiamiento y documentación de inversión
La incorporación de inversión ángel o de fondos de venture capital exige documentación jurídica que muchos fundadores no conocen: SAFEs, notas convertibles, term sheets, acuerdos de inversión y modificaciones estatutarias son solo parte del proceso. Cada instrumento tiene implicancias distintas en términos de dilución, derechos de los inversores y control de la empresa.
En Chile, a diferencia de mercados como el estadounidense, no existe una estandarización generalizada de estos instrumentos, lo que hace que cada ronda requiera mayor análisis y negociación caso a caso.
"El inversor que no pide una due diligence es la excepción. Tener la documentación en orden no es solo una formalidad: es lo que permite cerrar rondas de manera rápida y sin sorpresas."
Recomendaciones prácticas
Las startups que mejor navegan el entorno regulatorio son las que incorporan la asesoría legal como parte de su operación, no como una reacción a los problemas. Esto no significa contratar abogados a tiempo completo desde el día uno, sino contar con un asesor que entienda el modelo de negocio y pueda anticipar las fricciones antes de que se conviertan en contingencias.
